17 septiembre 2021
“El más perjudicado, a fin de cuentas, es el ciudadano de a pie, pues, con tanto mediocre e incapaz en los manejos de la administración pública, los servicios que recibirá del Estado se empobrecerán notoriamente (…)”.
La designación de Julián Palacín Gutiérrez, hijo del abogado de Perú Libre, en la presidencia de Indecopi demuestra una vez más que este gobierno carece de cuadros técnicos o simplemente está poniendo a propósito a los menos capacitados al frente de importantes entidades públicas del país, para así poder manipularlas a su antojo.
El tarjetazo, como se advirtió en dos informes anteriores de Perú21, se ha convertido en una constante bajo los lineamientos del gabinete Bellido, una práctica que –sin ser novedad en el Estado con cada cambio de administración– está llevando a extremos nunca antes vistos, por la nula idoneidad o escandalosa incompetencia de quienes se están beneficiando con estas designaciones a dedo.
Primero pusimos al descubierto un requerimiento de militantes puneños de PL que exigían puestos en el Ministerio de Educación –e incluso el asiento de un viceministerio– y en un último informe dimos cuenta de una carta enviada al ministro de Transportes por el propio partido oficialista con sede en Lima, en la que piden cuatro jefaturas del más alto nivel en ese sector.
En todos estos casos y en los primeros nombramientos para cargos públicos realizados desde que Pedro Castillo llegó a Palacio, se ha atropellado la meritocracia e ignorado exigencias curriculares, nombrando a funcionarios impresentables, sin experiencia mínima o con trayectorias profesionales de notoria grisura, pero que, en cambio, se dan el lujo de exhibir como única credencial el hecho de haber participado activamente en la campaña electoral de PL o de ser amigos de Vladimir Cerrón o paisanos de Pedro Castillo.
El más perjudicado, a fin de cuentas, es el ciudadano de a pie, pues, con tanto mediocre e incapaz en los manejos de la administración pública, los servicios que recibirá del Estado se empobrecerán notoriamente, muy aparte, desde luego, del daño al erario que los sueldos y decisiones de estos funcionarios significarán en el futuro inmediato.
Pero lo peor es que, para algunos observadores –notoriamente en casos como el de Indecopi–, esto respondería, si es que no a una estrategia, a una voluntad deliberada de minar desde dentro la credibilidad de instituciones esenciales para la economía y la democracia peruana.
Fuente: Perú21.
