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Gobiernos regionales y locales generaron el 56.2% de pérdidas por corrupción

17 mayo 2023

La corrupción generó que S/24,419 millones se esfumen en 2022, según estimaciones de la Contraloría. Hay 8,730 funcionarios en el país que tendrían responsabilidad penal, civil y administrativa.

La corrupción ha generado que el país pierda S/24,419 millones durante el año pasado, según un reciente informe del Observatorio Anticorrupción de la Contraloría General de la República. Y de dicho monto, el 56.1% de las pérdidas estuvo relacionado con los gobiernos regionales y locales.

En ese sentido, los gobiernos regionales y los municipios generaron pérdidas patrimoniales al fisco por S/8,038 millones y S/5,685 millones, de acuerdo con el documento titulado Estimación de la Corrupción e Inconducta Funcional, un cálculo que se efectúa por cuarto año seguido.

Al respecto, la Contraloría precisó que las pérdidas por corrupción como porcentaje del PBI descendieron respecto al año anterior, pero que el monto comprometido sí aumentó.

“La estimación de la corrupción e inconducta funcional muestra que el nivel de incidencia entre el año 2022 respecto al año 2021 fue ligeramente menor pasando de 13.6% a 13.4%, sin embargo, en términos absolutos, el perjuicio fue mayor: en 2021 fue de S/24,262 millones elevándose en 2022 a S/24,419 millones”, precisó.

Además, la Contraloría reportó que el año pasado, a nivel nacional, hubo “8,730 funcionarios con presunta responsabilidad penal, civil y administrativa”.

De ellos, 3,593 tendrían responsabilidad penal; unos 3,498, responsabilidad civil; y otros 6,542, responsabilidad administrativa. Además, 979 estuvieron sujetos a un proceso administrativo sancionador, por lo que según la entidad “serán procesados este año por la Contraloría General y podrían resultar en la suspensión del cargo público hasta la inhabilitación”.

EL ‘TOP 10′ NACIONAL

El informe del organismo de control también incluye un ranking nacional de los departamentos donde hubo más pérdidas por corrupción, incluyendo tanto las que fueron ocasionadas por los gobiernos regionales y las municipalidades como por el gobierno central.

Si no se considera a Lima Metropolitana, que por concentrar a la mayoría de las entidades públicas a nivel nacional mostró pérdidas de S/7,648 millones, la lista del ‘top 10′ la lidera Cusco.

La corrupción en la región andina ocasionó un perjuicio de S/1,601 millones durante 2022, un monto muy superior al del segundo puesto: Áncash, con S/1,381 millones.

Cerca figuraron Piura y La Libertad, con S/1,337 millones y S/1,324 millones, seguidos por Arequipa y Cajamarca. La referida lista, pero ya por debajo de los mil millones de soles en pérdidas, fue completada en orden descendente por Puno, Callao y Lambayeque (ver cuadro).

En cuanto al tipo de gasto con el que se relacionan las pérdidas por corrupción, la Contraloría destacó que las obras o inversión comprometieron S/7,945 millones, mientras que la compra de bienes y servicios implicó S/6,523 millones, y la del rubro otros S/9,950 millones.

Como ejemplo de casos de corrupción detectados, la entidad citó el caso del puente Tarata (San Martín), “donde se identificó a tres funcionarios de Provías Descentralizado con presunta responsabilidad penal y administrativa por beneficiar al postor con la buena pro, para lo cual postergaron irregularmente la etapa de presentación de propuestas, además que se incumplieron requisitos, entre otras irregularidades”.

“Otro ejemplo de irregularidad detectada por la Contraloría, en el rubro de Bienes y Servicios, es el caso de la dilatación injustificada para la compra de 700 mil pasaportes electrónicos que generó un desabastecimiento y la afectación del servicio, pese a las alertas emitidas por la Contraloría General”, agregó la institución.

Datos:

El contralor Nelson Shack se refirió a los S/24,419 millones perdidos en 2022 y dijo que podrían haber sido aprovechados para eliminar la pobreza.

La Contraloría precisó que “la finalidad (del informe) es revelar la situación actual del daño patrimonial que ocasiona la corrupción y la inconducta funcional en el país, y así priorizar de manera estratégica los esfuerzos del control”.

Fuente: Perú21.