12 diciembre 2020
El director de la organización Derechos Humanos Sin Fronteras sostuvo que todavía hay una deuda del estado para con las organizaciones campesinas.
La organización Derechos Humanos Sin Fronteras (
DHSF) informó que los conflictos sociales no se detuvieron durante la pandemia y tampoco la represión hacia ciudadanos que ejercen su derecho a la protesta.
El director de DHSF, Oracio Pacori, sostuvo que todavía hay una deuda del estado para con las organizaciones campesinas que esperan atención desde hace muchos años atrás.
DHSF documentó la existencia de 60 ciudadanos procesados por haber participado en protestas sociales. El responsable legal de esta organización, Helio Cruz, precisó que hay 23 procesados en Espinar, 33 en Chumbivilcas y 3 en Paruro.
“Hay 60 criminalizados en estas tres provincias donde además operan grandes mineras como Antapaccay y Hudbay. Pero los criminalizados son personas por el solo hecho de ser dirigentes o ejercer su derecho a protestar”, dijo Cruz.
Fuente: La República,
